Gobierno nacional realiza gestiones para el financiamiento del censo en tiempo récord
La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza en conferencia de prensa, anunció que el proceso de planificación del Censo de Población y Vivienda, al momento tiene un avance del 95% en la parte técnica.
Informó que ya se cuenta con un financiamiento externo que fue concretado en los últimos días y será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su aprobación correspondiente.
“Las operaciones de financiamiento del Censo cuentan con dos fuentes externas, el Banco Interamericana de Desarrollo (BID) con una inversión equivalente a $us. 26.4 millones y del FONPLATA con $us. 40 millones, además del aporte interno del Tesoro General de la Nación de $us.1,6 millones”, explicó.
La autoridad manifestó que el Censo del año 2012 costó entre $us 55 y 56 millones y para este año se incrementó entre unos 10 a 12 millones por el cronograma bastante acelerado, tomando en cuenta que la planificación de un censo dura entre 3 a 5 años.
Asimismo, comunicó que al menos unas 300.000 personas se movilizarán para operar el Censo de Población y Vivienda 2022, que tiene rango de prioridad nacional.
La autoridad manifestó que el nivel central del Estado garantiza la transparencia la idoneidad y la calidad del proceso a través de una Comisión Internacional de Alto Nivel conformada desde la gestión anterior a la cabeza de la Ministra de Planificación del Desarrollo además del Instituto Nacional de Estadística y por seis Organismos Internacionales.
Estos seis organismos lo conforman: la oficina de las Naciones Unidas en Bolivia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el CELADE – División de Población de la CEPAL, y Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Destacó que el Censo es importante porque permite ver las condiciones demográficas de salud, vivienda y educación y es el instrumento que ayuda a orientar las políticas públicas y por eso es un trabajo técnico que servirá para destinar la inversión pública desde el gobierno central para cubrir las necesidades de la población.